Moción de Somos Carreño contra el TTIP
En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (más conocido como TTIP por sus siglas en inglés), también conocido como Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio, presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU, reduciendo las barreras no arancelarias, con objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora de la competitividad.
Desde entonces, UE y EEUU están negociando en secreto, con un intolerable déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo), un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones que, tal como está concebido, implicaría una rebaja de las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al medioambiente, anteponiendo al interés general el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN). Solo hay que salir a la calle y preguntar a la gente qué opina sobre el TTIP. Una inmensa mayoría ni siquiera ha oído hablar de ello, los medios de comunicación no se hacen eco del tema y las escasas veces en que lo hacen, solo ensalzan las “virtudes” del tratado (si es que realmente las tiene), y los que tienen acceso a la información se les impide portar cualquier tipo de elemento que permita sacarla al exterior (ni siquiera un bolígrafo).
Podría pensarse que este tipo de negociaciones y tratados internacionales exceden del ámbito de lo municipal. Sin embargo, lo cierto es que la aprobación del TTIP supondría una clara invasión de las competencias locales y autonómicas, y condicionaría de manera grave las políticas municipales al primar el interés de las grandes corporaciones por delante del interés público. Por ello son cada vez más las ciudades y municipios que se suman a la batalla contra el TTIP: es necesario que los vecinos y vecinas entiendan que este tipo de tratados afectan directamente a nuestras vidas.
En primer lugar, los gobiernos regionales y locales dentro de la UE tienen el derecho a ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a nivel europeo y que les afecta, así como a las corporaciones locales y comunidades autónomas del territorio español, para que así puedan expresar sus opiniones. Ese derecho no se ha facilitado hasta ahora a las distintas regiones y corporaciones locales europeas respecto a las negociaciones que se vienen produciendo con relación al TTIP.
En cuanto a la pérdida de soberanía municipal, con la entrada en vigor del TTIP tanto municipios como comunidades autónomas perderán gran parte de su capacidad para gestionar materias de vivienda, sanidad, medio ambiente, servicios sociales, educación o alimentación. En el ámbito de la contratación pública, si el tratado sale adelante podrían considerarse ilegales las cláusulas para el apoyo de la economía local, evitando que la contratación pública se convierta en una política activa de desarrollo local sostenible. Igualmente los ayuntamientos, no podrían aplicar moratorias a nivel local sobre prácticas peligrosas en zonas de alta sensibilidad medioambiental, o restringir el uso de técnicas que se consideren peligrosas (pesticidas, transgénicos, hormonas…)”. El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales.
Por otro lado, el Tratado prevé un mecanismo de arbitraje entre inversores y estados (primero llamado ISDS y ahora ICS), que permite a las grandes corporaciones llevar a los gobiernos (local, regional, estatal) ante tribunales privados en caso de que se perjudiquen los intereses y beneficios que ellos mismos estimen de manera subjetiva. Un tribunal de arbitraje, cuyos componentes no son jueces con garantía de independencia, tendría competencias para imponer compensaciones económicas de los Estados a los inversores siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas medidas (tales como el aumento en estándares de la protección del medio ambiente) o que reduzcan los beneficios futuros que una compañía conciba que debería obtener. Este hecho trae consigo la limitación de las capacidades de las Administraciones Públicas, incluyendo las municipales, para adoptar determinadas políticas en las áreas de salud pública, medio ambiente o protección social y laboral, por temor a las posibles indemnizaciones a las que tendrían que hacer frente al ser demandados por las empresas denunciantes.
Además, el TTIP tiene entre sus objetivos la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas. Sin embargo, la apertura máxima de los servicios y las compras públicas a la competencia produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su coste económico y ecológico. La competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como el TTIP: los aspectos ecológicos y sociales tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral. En este sentido las Administraciones Locales están obligadas a proteger los derechos sociales, económicos y ambientales y a hacer frente a los peligros y exigencias que quiere imponer el TTIP, aplicando prácticas hoy prohibidas por las leyes europeas. Cabe mencionar entre ellas la producción de productos químicos y farmacéuticos no testados científicamente; la aceptación de alimentos modificados genéticamente, el consumo de carne de ternera y de cerdo tratados con hormonas, el pollo esterilizado con cloro o la extracción de gas por medio del “fracking”.
Creemos firmemente que la población tiene la obligación de opinar, de debatir y ser muy críticos con este tratado de libre comercio y el primer paso como ya señalamos anteriormente, es el acceso a la información, a toda la información, de la manera más clara, objetiva y amplia posible. No somos menores de edad, no elegimos a nuestros representantes políticos para que decidan qué nos incumbe y que no. Han de ser un nexo de unión para el acceso a dicha información.
ACUERDO
Por todo ello proponemos la adopción por el Pleno de los siguientes acuerdos:
1º. Declarar a éste Municipio de Carreño como Municipio opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.
2º. Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas del Gobierno de la Nación su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.
3º. Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares (como el CETA, Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE, y el TISA, acuerdo multilateral para la liberalización y privatización de todo tipo de servicios públicos), con la finalidad de conseguir:
- Que mecanismo de arbitraje privado como el ISDS o el ICS no sean incluidos en éste ni en ningún otro tratado.
- Defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, evitando la participación de las ETN en la regulación.
- Que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales.
- Que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales, autonómicos y locales.
- Que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo.
4º. Dar traslado al gobierno de la Nación, actualmente en funciones, a la mesa permanente de los diputados, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso y a los grupos parlamentarios del Parlamento de Asturias, para que quede constancia y traslado al próximo gobierno de la Nación de los acuerdos.
